Sobre la represión de manifestantes por la búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato, este 9 y 10 de julio

Por: Dr. Jonathan Oropeza (UNAM/COLMICH/U de G)

y el Dr. Enrique Castillo Figueroa (U de G)

 

En la ciudad de Guanajuato, los días 9 y 10 de julio del año en curso, el colectivo en busca de sus familiares desaparecidos “A Tu Encuentro”, sufrió primero el desdén del gobierno, y posteriormente la represión por parte de la policía, durante una manifestación pacífica contra el pronunciamiento del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda: Héctor Alonso Díaz Ezquerra.

Sabemos que la mayoría de los seguidores de “Observamos” radica en Guadalajara, Jalisco, por lo que creemos conveniente difundir una serie de reflexiones ante la situación que experimenta en la actualidad el estado de Guanajuato.

Primero, quisiéramos dejar claro -por evidente que parezca a muchos- que la situación de las desapariciones no es exclusiva de esta entidad. En el país existen diferentes colectivos en busca de personas desaparecidas; la mayoría se conforman por familiares quienes realizan la búsqueda de sus deudos por cuenta propia, ante la respuesta poco confiable de las autoridades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). En algunos casos, ante el desasosiego, desarrollaron mecanismos de rastreo, como la introducción de varillas en terrenos baldíos, para remover la arena y encontrar restos humanos. Inclusive, sin que fuera su propósito, encontraron a personas esclavizadas en narcolaboratorios o formando parte de células delictivas, que bajo amenazas, no podían deslindarse de las mismas. Esto pone en evidencia, la carencia de protocolos congruentes de las autoridades, quienes han sido rebasadas por el número de casos acumulados, como consecuencia de la burocracia y la complicidad que guardan con el crimen organizado.

Se debe recordar también el caso de las madres de inmigrantes centroamericanas, quienes recorren el territorio nacional, en la búsqueda de sus hijos e hijas. No existen garantías para que el tránsito de los migrantes sea seguro, antes de llegar a Estados Unidos. Recordemos el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, a manos de Los Zetas en 2010. Esto nos habla de que el problema de las desapariciones dentro del país, no solo afecta a los connacionales, sino a toda persona que transite por el mismo.

En su “Informe de Actividades 2019”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que la institución guarda una estrecha relación con diversas organizaciones sociales constituidas por familiares de personas desaparecidas. La mayoría se concentra en tres estados en donde prevalece una situación de violencia que se vincula con cárteles criminales: 20 en Veracruz, 13 en Sinaloa y 12 en Guerrero. En esta última entidad, conocemos el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La CNDH no reconoce a ninguna organización de este tipo en Guanajuato, pero eso no quiere decir que no existan, como quedó demostrado los días 9 y 10 de julio de 2020, donde padres de familia, activistas y un funcionario de la CNDH, fueron reprimidos y detenidos por la autoridad guanajuatense.

De acuerdo con los datos del gobierno federal actual, existen en México, 61,637 personas desaparecidas. Si bien el registro de las desapariciones data desde la década de 1960, la mayoría sucedió a partir de diciembre de 2006, ante la llamada “guerra contra el narco” que orquestó el entonces Presidente de México, Felipe Calderón. Si bien este dato puede tener tintes políticos, es innegable el aumento de desapariciones en el país durante los últimos quince años. Según fuentes del gobierno estatal de Guanajuato (con carencia de datos precisos, como el año y el lugar de las desapariciones) se reportan en el territorio 94 personas desaparecidas: 72 hombres, 16 mujeres (la mayoría entre 20 y 35 años de edad), y seis menores de edad.

En medio del dramático aumento de número de casos de coronavirus en el estado de Guanajuato, también continúa el incremento de la violencia y las desapariciones. Probablemente muchos lectores asocien a esta entidad con momias, su industria del calzado, lo pintoresco de sus pueblos o el conservadurismo de sus élites. En los últimos días en esta entidad federativa, en específico en la región del Corredor Industrial del Bajío, se vivieron capítulos angustiantes para muchos de sus habitantes, como los narcobloqueos en Celaya el 20 de junio, y el asesinato de 27 personas, perpetrado el 1 de julio, en un centro de rehabilitación en Irapuato.

En medio de la disputa territorial que mantiene el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra el Cartel Santa Rosa de Lima (CSRL), hay que añadir la zozobra y desolación de las familias guanajuatenses que buscan a sus familiares desaparecidos. Ambas palabras –zozobra y desolación- no son exageradas, puesto que implican mantener actitudes de esperanza y entereza ante el desdén de las autoridades.

El pasado 9 de julio, el colectivo “A tu encuentro”, constituido especialmente por madres de desaparecidas y desaparecidos, realizó un plantón en el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato; al día siguiente, 10 de julio, las familiares organizaron una marcha con el objetivo de solicitar al gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, su colaboración para generar mesas de colaboración y diálogo. Lejos estuvieron de encontrar lo solicitado en sus consignas, ya que el grupo de mujeres fue brutalmente reprimido, e inclusive algunas sufrieron detenciones realizadas por un contingente de Fuerzas de Seguridad.

Entre las peticiones de “A tu encuentro”, hubo una que consideramos fundamental: la explicación del porqué se eligió para la Comisión Estatal de Búsqueda al Administrador de Empresas, Héctor Alonso Díaz Ezquerra. La preocupación de las manifestantes es comprensible si se considera que desde 1991, justo cuando el Partido Acción Nacional (PAN) comenzó a regir la entidad de manera ininterrumpida hasta la fecha, se han impuesto criterios empresariales para gobernarla ¿Se acuerdan de Alejandro Navarro, el alcalde panista de Guanajuato, quien en 2018 se quejó de los turistas pobres? Bajo la perspectiva de esta clase política, los ciudadanos se perciben como potenciales clientes, y convenientes o inconvenientes consumidores. De ahí que la inquietud de las manifestantes ante el perfil del comisionado sea legítima.

Tras el incidente, la patronal guanajuatense se manifestó mediante sus diversas organizaciones empresariales a favor de la represión en contra de las manifestantes. Este punto resulta paradójico, puesto que la élite empresarial local desde hace cinco años centra sus preocupaciones en disminuir la ola de violencia y desapariciones en el estado. En el caso de la ciudad de León, por lo menos una vez al mes el Consejo de la Coparmex entabla diálogos con el Ayuntamiento y en ocasiones también con el gabinete del gobernador para analizar este tipo de problemáticas ¿Solamente esta clase social debe tener estos encuentros?

Las élites locales construyeron un ideario en que se erigió la imagen de Guanajuato como un espacio que supo vencer el centralismo del país, con base en un discurso que enaltece la disciplina laboral y los valores religiosos de sus habitantes. A sus antecedentes históricos (la Cuna de la Independencia Nacional) se sumaron el acelerado crecimiento industrial de sus ciudades y se ofertó a la entidad como fuente de modernidad y bienestar en México. León es “La capital mundial del calzado” y la urbe donde “El trabajo todo lo vence”; y Celaya es “De los fuertes, la dulzura”. Sin embargo el contraste espacial y socioeconómico entre el Corredor Industrial del Bajío con respecto a otras regiones de la entidad, paulatinamente evidencia la desigualdad en el desarrollo impulsado por la clase política estatal, un sector de los empresarios locales y las firmas transnacionales.

Una mirada a los datos cuantitativos nos arroja una perspectiva de la complejidad del Guanajuato actual: En 2018 el número de homicidios dolosos que se registraron en la entidad fue de 2609, y en 2019 la cifra que se reportó fue de 2834, con lo cual la entidad se colocó en primera en este rubro en escala nacional. De hecho, en los últimos dos años, el 80% de los homicidios dolosos se vincularon a la pugna territorial entre el CJNG y el CSRL, por el control del robo de combustible y el narcomenudeo. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, arrojó que en León, en 2019, 84.6% de los encuestados consideró inseguro vivir en esta ciudad, antes vista como el modelo panista de desarrollo.

En ese contexto social tan abrumador, la desaparición de personas no debe normalizarse. La exigencia de los familiares de los desparecidos es un reclamo legítimo que no debe reprimirse, ni criminalizarse o violentarse en ninguna de sus formas. Muchos de nosotros no hemos experimentado en carne propia la ausencia forzada de alguno de nuestros seres queridos, esperemos no llegue a pasar; sin embargo, en el México actual, no estamos exentos de ello. Cada vez conocemos sobre más casos difundidos a través de las redes sociales y mediante anuncios en la vía pública. Es una problemática que debiera preocuparnos y ocuparnos, no es un hecho aislado.

La vida no se compra ni se administra, como a una empresa. Ninguna de las personas que escribe este documento nació en Guanajuato, pero sentimos sincero respeto y aprecio por sus habitantes y el lugar que nos recibió para vivir. Por tanto, condenamos toda represión de manifestación pública, y más en estos casos, donde la tranquilidad de las familias de las y los desaparecidos ha sido violentada, sin que se brinde certeza del paradero de sus deudos, porque su dolor se archiva en carpetas con folio o número de averiguación, porque no existe un protocolo para la localización de los mismos y porque cuando solicitan un diálogo horizontal, se les reprime y encarcela.