Una breve reflexión acerca del asesinato de 28 personas en un anexo de Irapuato, Guanajuato, México

Por Enrique Castillo Figueroa

Antes de comenzar con este breve escrito, pido una disculpa a los lectores por las siguientes líneas, referentes al tema de los centros de rehabilitación para personas con adicciones, los famosos “anexos”. Es un tema del cual no investigo desde la academia, pero al igual que usted u otras personas, hemos conocido casos cercanos de la problemática de salud en un nuestro país y en algunas partes del mundo (le dejo a su consideración, la extensión geográfica de las adicciones).

En estos momentos radico en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, junto a mi esposa e hija. De vez en cuando viajo a visitar a mis padres y hermanos, quienes viven desde hace 19 años, en uno de los municipios más contaminados y marginados del país, pese a la existencia de una zona industrial, que alberga empresas nacionales e internacionales; nos referimos al municipio de El Salto, Jalisco, México.

La depresión o tristeza de mi madre, me hizo considerar una breve visita a mi estado natal, donde en días pasados se vivió un episodio de represión policial, en contra de manifestantes, quienes exigían justicia por el homicidio de Giovani López, en manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, por no usar cubrebocas (por la contingencia sanitaria del Covid-19) o al menos eso es lo que se conoce. En voces “extraoficiales” se dice que los guardianes del orden, lo entregaron a la “maña” y estos fueron los encargados del asesinato. Esto tiene sentido con lo que dicen dos conocidos, que habitan en un fraccionamiento cercano a la localidad de La Capilla, dentro del mismo municipio, quienes señalan a los grupos delincuenciales, como los “guardianes del orden”, y ahí la autoridad municipal no existe, comentan.

Un día antes de mi partida a casa de mis padres, escuché en la radio irapuatense que, un grupo armado irrumpió en las instalaciones de un centro de rehabilitación y asesinó a diez personas. En días posteriores, instalado en Guadalajara, nos enteramos de los “narcobloqueos” en la ciudades de Celaya, Villagrán, Salamanca y Juventino Rosas, adjudicados al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), encabezado por su líder José Antonio Yépez, “El Marro”, que, indignado por la detención de sus familiares, entre ellos su madre y hermana, agradeció a través de un vídeo en la red, y al borde de las lágrimas, el apoyo recibido a través de bloqueos de las principales vialidades guanajuatenses, que iban desde la quema de vehículos y negocios particulares.

        El periodo de mi visita a tierras tapatías se dio entre el 17 de junio y el 1 de julio, dos semanas en total. A mi regreso al “refrigerador de México” , llamado así por el propio gobernador de Guanajuato, y a dos horas de mi llegada, se dio a conocer la noticia del asesinato de más de una veintena de jóvenes, recluidos en un centro de rehabilitación a manos de un grupo armado. Hasta ese momento, se contabilizaban 24 fallecidos, y siete heridos. Al día siguiente, la lista había aumentado a 28 infortunados. El consultor y asesor en materia de seguridad de Guanajuato, David Saucedo, señaló que el anexo era controlado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y el ataque fue orquestado por el CSRL, en represalia por la disputa del territorio entre éstos.

En dos semanas, se asesinaron a 38 personas, que por algún motivo se encontraban recluidos en estas instituciones de “ayuda”. Esto nos lleva a cuestionar no sólo a estos centros de rehabilitación, que muchas de las veces operaran en la ilegalidad. Son viviendas adaptadas para albergar a más de 20 personas, como en los casos mencionados. Asimismo, pensemos en la complejidad del espacio reducido y el problema de adicción, con los que llegan hombres y mujeres, por voluntad propia o a la fuerza, llevados por sus propios familiares, desesperados por encontrar una “cura”. El hacinamiento, la mala alimentación, peleas entre internos y la falta de privacidad, son de las condiciones negativas que conocemos a través de la experiencia de familiares y amigos. No sé si sea lo adecuado para que una persona salga de los problemas de adicción o lo hagan sumirse más en ellas.

Uno de mis hermanos se “anexó” por voluntad propia en un centro de rehabilitación con tintes religiosos, y decía que el clima interno era denso. Había internos infiltrados, quienes pertenecían a ciertas células delictivas, y el papel de estos, radicaba en la ubicación de consumidores y miembros de grupos rivales. Él decidió abandonar las instalaciones, por este tipo de acciones, que le quitaban el sueño.

El problema va más allá de la regularización de estos centros de rehabilitación, tiene que ver con una sociedad, en que los jóvenes tienen acceso a una diversidad de drogas y quienes las controlan son grupos delincuenciales. Esto genera un clima de inseguridad en los barrios centrales y periféricos. Aumenta la delincuencia y los asesinatos por la venta y distribución de drogas. No se trata de la legalización de la marihuana; discurso trillado y reduccionista de la clase política. Se trata de que las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia organizada, quienes ejercen el poder, y condicionan a los propios gobiernos municipales, estatales y federales en la imposición de su voluntad.

Los que hemos recogido del piso a un familiar bajo los efectos del “cristal”, sabemos que la falta de respiración o el ritmo cardiaco se acelera y no sabemos qué hacer en ese momento para tratar de ayudarlo. Imaginen a dos personas de la tercera edad, ver un escenario de esos, y con algunos de sus hijos o nietos, no es nada deseable. Ese tipo de situaciones no han sido abordadas por las instituciones de salud. El reconocimiento de los efectos de este tipo de drogas, debería estar presente en la educación de los niños y adolescentes. De igual forma, esta información debería encontrarse en las instituciones de salud en el país, pero, no es así. Asimismo, en la discusión política, y no sólo la legalización de la marihuana, sino del reconocimiento de las otras drogas. Además, de la relación existente entre autoridades y grupos delincuenciales.

La legalización de las drogas (no sé si todas), la información de los efectos que producen las mismas, serían parte de la atención al problema. De igual forma, la fabricación y el autoconsumo responsable (quizás solidaria, sin tintes comerciales), sería otra de las propuestas para quitarle el mercado a la delincuencia organizada, quienes generan el clima de violencia en nuestros barrios. La abstención es otra de las posibles soluciones. Antes de ir a la narcotiendita, piense en la sangre que se derramará por un rato de “fiesta”. No se trata de que se matan “entre ellos”, se trata de que no hay un raciocinio del consumo y de los efectos negativos que producen en lo individual, familiar y social.

El problema es complejo, los acuerdos entre autoridades y grupos delincuenciales por la venta y distribución de drogas, es un problema que tiene décadas en nuestro país. Nos queda claro que, las adicciones no desaparecerán en la vida social, pero si se informa y se regula su distribución, otros escenarios podrían ser posibles. Y como lo digo, no se trata del se matan “entre ellos”, “andaba en malos pasos”, se trata de que no hay tranquilidad para nadie, robos, amenazas, balaceras a cualquier hora del día en nuestros barrios. Nos afecta a todos y todas.